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   Aplicar la ley o no dilema del gobierno mexicano

Foto: Cuartoscuro
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Aplicar la ley o no dilema del gobierno mexicano

Fuente: Enrique Pérez Quintana / Proyecto sin fin

Ciudad de México, 29 de abril de 2013.- Los tiempos que corren dicen que en México estamos en el proceso de construcción de la democracia y que el principio básico de esta forma de gobierno es la igualdad de todos los individuos frente a la Ley.  No obstante, la necia realidad se encarga de negar el principio cuando nos percatamos de que el sistema de justicia está en crisis. Existen índices históricos de criminalidad y violencia porque el Estado no ha sido capaz de convertirse en una amenaza real de castigo para quien viola la ley.

Sabemos que cuando hablamos de denuncias de delitos no referimos al número real de delitos que se cometen en el país, porque las estadísticas sólo dan cuenta de los delitos que la gente decide llevar ante la autoridad para que los resuelva. El Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. informa que el número de delitos que no se denuncian se conoce como “cifra negra”, se sabe que ocho de cada diez delitos nunca son conocidos por las autoridades y que entre los motivos por los que no  se denuncian casi el 70% se debe a causas imputables a la ineficiencia en el misterio público. Sólo uno de cada cien delitos cometidos en el país recibe castigo. 

Entre las causas que explican el hecho de que no se denuncien los delitos, según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se encuentran la impunidad, el soborno, el crimen organizado y el vandalismo, que amenazan a individuos y poblaciones haciéndolos víctimas de circunstancias como la crisis económica, social, política y cultural del México actual.

En el presente México atraviesa por una crisis que se manifiesta por medio de conductas desviadas de grupos que retan la autoridad del Estado delinquiendo de manera sistemática al secuestrar, extorsionar y traficar con drogas y personas, lo que sumerge a la población en la incertidumbre, el temor y la desconfianza debido a que en ocasiones la autoridad, que debiera defender sus derechos y castigar a los delincuentes, aparece asociada con ellos o porque estos la corrompieron o porque la tienen amenazada si actúa en su contra.

El resultado es la impunidad de los que delinquen y la generación de un clima de desconfianza de la población hacia las autoridades porque no aplican la ley. Este estado de ánimo se puede reconocer en más de la mitad de las entidades del país en donde la delincuencia organizada domina y la autoridad deja hacer y pasar o por falta de recursos para combatir a los delincuentes o porque no le interesa enfrentarlos. En este escenario la corrupción y la impunidad están presentes en todo momento.

Por otras razones manifiestas grupos con intereses sociales y políticos también retan a la autoridad al violentar el orden social con argumentos de inconformidad por las determinaciones de Estado que juzgan inconvenientes para su propia visión ideológica, es el caso de los grupos que se oponen a la Reforma Educativa y que se manifiestan agrediendo los derechos de terceros y provocando a las autoridades en sus tres niveles al llevar a cabo actos notoriamente vandálicos que sin embargo, no son castigados por la autoridad que argumenta que de hacerlo el conflicto sería escalado en su intensidad y extensión por los grupos que desafían al Estado.

Da la impresión de que para estos grupos en su estrategia la represión del gobierno es un elemento necesario para continuar su trabajo de desestabilización de la autoridad  que con su omisión, crea la percepción en el resto de la población de que cualquiera puede delinquir y terminar siendo impune porque nadie lo castigará.

La impunidad también está presente en la actuación de los estudiantes que toman las instalaciones de la Universidad y cometen excesos en el nombre de alguna bandera social o académica interrumpiendo la operación de la institución mientras los grupos que los dirigen negocian la devolución de las instalaciones a cambio de áreas de control administrativo y acceso a recursos financieros y laborales en las universidades, que les permite la consolidación de su grupo y su oportunidad de acción en otras instituciones del Estado bajo el escudo de algún partido político que les da acceso al poder y desde ahí a la impunidad.

El dilema de aplicar la ley o no por parte del gobierno, se convierte en no pocas ocasiones en una determinación de carácter político porque con frecuencia los grupos que delinquen aparecen relacionados con los grupos que hacen política y se disputan el poder. Estos escenarios nos estarían indicando que aunque estamos en el discurso de construcción de la democracia, aún estamos lejos de la construcción de un país de leyes porque todavía seguimos negociando su aplicación a los que la violan, sobre todo si están relacionados con el poder. De manera que llegamos a la triste realidad de que en México se aplica la Ley  a los que no tienen vínculos con el poder y en la mayoría de las ocasiones estos son los más pobres. Los marginados. Los sin padrino. ¿Y a usted quien lo cuida?

 

http://mx.noticias.yahoo.com/blogs/proyecto-sin-fin/aplicar-la-ley-o-no-dilema-del-gobierno-mexicano-164016513.html



La información contenida en las notas recuperadas para este espacio, no necesariamente representa la postura de MUCD, pero creemos que es importante para el fomento a la participación y el debate.

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